UNA LEY DEL CLIMA INSUFICIENTE, UNA OPORTUNIDAD PERDIDA
Debemos insistir en la lucha para corregir su falta de ambición
Hace más de dos años que se inició la tramitación del Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que acaba de ser aprobado por el Congreso de los Diputados. Durante todo este tiempo las consecuencias de la emergencia climática avanzan, el planeta da cada vez más señales de graves alteraciones climáticas: las lluvias torrenciales, los episodios de sequía y los grandes incendios forestales siguen alcanzando enormes dimensiones y terribles consecuencias. De hecho, el año 2020 es nuevamente uno de los más cálidos jamás registrados.
Después de cinco años desde la firma del Acuerdo de París la ley climática falla nuevamente en atender las indicaciones científicas, lo que nos llevará a un incremento de la temperatura global muy por encima de 1.5C y 2 ºC. En 2019 la comunidad internacional y científica advirtió de la necesidad de reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI) en un orden superior al 7,6% anual. Un ritmo de reducciones que debería llevar al Estado español a una meta de reducción de emisiones GEI superior al 55% en 2030 con respecto a 1990. Sin embargo, la ley recientemente firmada se limita a una escasa reducción del 23%, que se queda muy lejos incluso de lo que el mismo gobierno ha aprobado en las instituciones europeas. Este es un aspecto clave, que, por sí solo, hace que la ley nazca claramente obsoleta.
La responsabilidad ante la urgencia de la emergencia climática hace ser lo suficientemente prudente como para admitir la necesidad de aprobar una ley para hacerle frente, pero los contenidos con que se nos presenta llegan con más de una década de retraso. Existen avances como la prohibición de la minería de uranio y de las prospecciones de combustibles fósiles, la rehabilitación energética o el cálculo de la huella de carbono en el sector financiero, así como la incorporación de un objetivo 100% renovable, aunque solo para el sistema eléctrico y demasiado lejano. Sin embargo, la falta de concreción de algunas de las propuestas, el dejar a normativas posteriores objetivos fundamentales o la falta de apuesta clara por auténticos mecanismos de participación ciudadana ponen en riesgo los tímidos avances que se den en los próximos años.
A lo largo de estos más de dos años de tramitación numerosas personas se han movilizado en las calles exigiendo justicia climática, se han trasladado numerosas observaciones al texto, se han publicado numerosas notas de prensa y manifiestos reclamando medidas a la altura del reto que afrontamos. El texto final no recoge estas peticiones. De hecho, el proyecto de ley se ha debilitado durante este proceso al dejar la puerta abierta a los combustibles fósiles y permitir el uso del gas en todo el transporte, lo que es inadmisible. Tampoco contempla la eliminación de las subvenciones a los combustibles fósiles y medidas necesarias para frenar el incremento de los viajes en avión o la creciente e insostenible industrialización de la agricultura y ganadería.
Con la aprobación de esta ley se cierra una ventana de oportunidad para enfrentar de forma real la emergencia climática. Un momento para responder a la falta de medidas capaces de frenar un modelo de producción y consumo que genera el cambio climático, y que además, se demuestra incapaz de satisfacer las necesidades vitales de las personas, precarizándolas y poniendo en situación de vulnerabilidad a gran parte de la población mundial; de los ecosistemas y el resto de seres vivos que habitan este planeta.
En la ley se promete un proceso de revisión de sus objetivos, que ya hoy están totalmente desfasados, para 2023, reclamamos que se inicie ya un debate público y ciudadano sobre unos objetivos climáticos mucho más acordes. En este sentido seguiremos atentamente la gestión que se haga de la Asamblea Ciudadana por el Clima que contempla la ley, ya que, con la experiencia de los precedentes en Reino Unido y Francia, consideramos importante que se lleve a cabo con garantías de representatividad, independencia respecto a partidos y partes interesadas, transparencia, debate público y compromiso político con sus resultados, y no se limite a un simulacro.
La norma incurre además en las atractivas falsas soluciones del capitalismo verde, que nos hablan de los milagros imposibles y de los adelantos tecnológicos sin tener en cuenta su elevado coste energético y material ni los efectos sobre nuestras vidas. Por el contrario, es imprescindible reducir nuestro consumo de materiales y energía, acompañándolo de una redistribución del trabajo que garantice puestos de trabajo compatibles con una vida digna para todas las personas, y con la construcción de modelos basados en la cooperación, la solidaridad local y global, y la interdependencia de los cuidados esenciales.
Seguiremos luchando por el cambio necesario, un cambio que ponga en el centro a las personas, los cuerpos, los territorios y la Tierra, sin dejar a nadie atrás.